En ese marco, el secretario de Derechos Humanos, Duilio Minieri, destacó la condición de “pionera” de la Provincia a partir de la sanción de la ley 2.440, de desmanicomialización, a comienzos de los años 90 y de la creación en 2018 de un órgano de revisión de la Ley de Salud Mental que funciona en el órbita de la Defensoría del Pueblo.
“Entre las resoluciones de ese órgano, este año se aprobó un dispositivo para el monitoreo de internaciones por motivos de Salud Mental en contexto de pandemia. Desde nuestra Secretaría se ha asumido la función de llevar adelante esta tarea en las zonas Andina y Alto Valle, en las que contamos con Delegaciones territoriales”, informó Minieri.
La convocatoria a analizar la aplicación de la de la Ley Nacional de Salud Mental, a 10 años de su sanción, fue realizada por la Dirección Nacional de Protección de Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Allí participaron representantes de 21 jurisdicciones, quienes comentaron el estado de situación en su provincia.
El encuentro fue presidido por la subsecretaria de Protección de Derechos y Enlace Internacional, Andrea Pochak, y el director Nacional de Protección de Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Leonardo Gorbacz.